Un tribunal de EE. UU. propone revisar los escritos hechos con IA

Por Redacción Pangea IA · 19 de septiembre de 2026

Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos ha propuesto que abogados y personas que se representen a sí mismas certifiquen la revisión humana de todo escrito preparado con ayuda de inteligencia artificial. La medida no prohíbe usar IA ni está todavía aprobada, pero convierte una recomendación habitual —comprobar lo que genera el sistema— en una responsabilidad expresa asociada a la firma y presentación del documento.

La propuesta procede del Décimo Circuito, con sede en Denver, y se publicó el 18 de septiembre. Si supera el periodo de comentarios, entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y sería la primera regla de este tipo adoptada por uno de los trece tribunales federales de apelación estadounidenses. Su alcance directo se limita a seis estados, pero el criterio resulta relevante para despachos, departamentos jurídicos y proveedores de IA de otros países: utilizar una herramienta no traslada a la máquina la responsabilidad profesional.

Qué exige exactamente la propuesta

El cambio aparece en la propuesta de nueva regla local 46.5. La firma de un escrito, una moción u otro documento supondría certificar que, cuando se haya utilizado IA generativa para prepararlo, una persona ha revisado el resultado antes de presentarlo. Esa revisión no puede ser superficial: debe comprobar de forma independiente que existen las autoridades citadas, que las citas y transcripciones son exactas, que el análisis jurídico es correcto y que el documento respeta las normas y obligaciones éticas aplicables.

La palabra decisiva es «independiente». No bastaría con pedir al mismo chatbot que confirme su primera respuesta ni con confiar en los enlaces que ofrece. Una sentencia tendría que localizarse en una base jurídica o repositorio oficial; una cita debería cotejarse con el texto original, y la conclusión habría de revisarse a la luz de la legislación y jurisprudencia vigentes.

Aspecto	Qué plantea el Décimo Circuito	Consecuencia práctica
Ámbito	Escritos, mociones y otros documentos preparados con ayuda de IA generativa	La regla no se limita a un producto o modelo concreto
Responsable	Abogado firmante o persona que actúa sin abogado	La responsabilidad permanece en quien presenta el escrito
Control	Verificar autoridades, citas, análisis jurídico y cumplimiento ético	Hace falta contrastar con fuentes fiables y conservar evidencias
Estado	Propuesta sometida a comentarios	Todavía puede cambiar y no está en vigor

Las sanciones no son nuevas, pero se amplían

La propuesta integra el control de la IA dentro de las obligaciones que ya acompañan a la firma de un documento judicial. Presentar un escrito significa afirmar que no persigue un propósito indebido, que sus argumentos tienen fundamento jurídico y que sus afirmaciones fácticas están respaldadas por el expediente. La novedad es añadir expresamente la revisión del material generado con IA.

El borrador contempla varias respuestas ante el incumplimiento. El tribunal podría considerar renunciada la cuestión afectada, retirar del expediente el documento, desestimar o confirmar una apelación, imponer sanciones económicas, iniciar un procedimiento disciplinario o exigir el pago de los gastos causados a la otra parte. Reuters señala que algunas de estas consecuencias ya existen y que la propuesta añade de forma explícita la pérdida de la cuestión y la retirada del escrito entre las opciones.

Eso no significa que cualquier error cometido con IA active automáticamente la sanción más grave. El tribunal tendría que valorar el caso y dar las garantías procesales correspondientes. El mensaje, sin embargo, es claro: la automatización no reduce el estándar de diligencia y puede aumentar el riesgo si hace que un documento incorrecto llegue más rápido al juzgado.

Por qué el tribunal considera insuficientes las reglas actuales

El secretario judicial del Décimo Circuito explicó a Reuters que el tribunal sigue encontrando documentos preparados con IA que no cumplen las obligaciones existentes. Desde la popularización de los chatbots se han multiplicado los casos con resoluciones inventadas, citas atribuidas a sentencias reales pero inexistentes y razonamientos que parecen jurídicos sin estar respaldados por una fuente.

Los modelos de lenguaje generan texto probable; no consultan necesariamente una base jurídica actualizada ni garantizan que cada referencia exista. Incluso cuando incorporan búsqueda, pueden mezclar jurisdicciones, confundir una opinión minoritaria con la decisión principal o mantener una norma derogada. Es el mismo problema de fiabilidad que aparece en otros usos profesionales y que obliga a separar una respuesta fluida de una respuesta comprobada. Los incidentes de IA comunicados por OpenAI muestran por qué los registros, los permisos y la supervisión humana deben formar parte del diseño, no añadirse al final.

El Décimo Circuito no es el primero que intenta responder. En 2024, el Quinto Circuito retiró una propuesta similar tras las objeciones de abogados que consideraban suficientes las normas generales. La diferencia ahora es que el nuevo borrador integra la obligación en una regla sobre firma, representaciones al tribunal y sanciones, en lugar de imponer una declaración separada sobre el uso de una herramienta.

Qué cambia y qué no

No es una prohibición de la IA jurídica

La propuesta permite utilizar IA para investigar, resumir, organizar expedientes o preparar borradores. Tampoco obliga, en el texto examinado, a identificar el modelo concreto, entregar las instrucciones usadas o revelar cada intervención de la herramienta. El requisito se centra en el resultado que llega al tribunal y en la responsabilidad de la persona que lo firma.

No es todavía una norma vigente

El tribunal acepta comentarios públicos hasta el 18 de octubre y prevé cerrar el proceso el 1 de diciembre. Solo si la versión definitiva conserva este cambio empezaría a aplicarse el 1 de enero de 2027. Por tanto, sería incorrecto afirmar que todos los abogados estadounidenses ya están obligados por esta regla.

No se aplica directamente en España

El Décimo Circuito tiene jurisdicción sobre Colorado, Kansas, Nuevo México, Oklahoma, Utah y Wyoming. La propuesta no modifica la legislación española ni las reglas de los tribunales europeos. Sí ofrece una señal sobre la dirección que puede tomar la regulación profesional: exigir controles verificables sobre el trabajo asistido por IA, especialmente cuando afecta a derechos, dinero o decisiones judiciales.

La lección para despachos y asesorías en España

El Consejo de la Abogacía Europea ya recomienda que los profesionales comprueben los resultados de la IA antes de utilizarlos, conozcan las capacidades y límites de las herramientas y protejan la confidencialidad. También aconseja entender qué hace el proveedor con las instrucciones y los documentos enviados, por ejemplo si los conserva, los usa para entrenar modelos o los comparte con terceros.

Estas pautas no convierten la propuesta estadounidense en derecho español. Sirven, no obstante, para traducir la noticia en decisiones prácticas. La aplicación del Reglamento europeo de IA en empresas y pymes tampoco sustituye las obligaciones de secreto profesional, protección de datos, diligencia y responsabilidad que ya afectan a cada actividad.

Un procedimiento mínimo de revisión

1. Delimitar los usos permitidos. El despacho debe decidir qué herramientas pueden emplearse, para qué tareas y con qué tipo de información. Una cuenta de consumo no debería recibir datos confidenciales si el contrato y la configuración no ofrecen garantías suficientes.
2. Conservar las fuentes. Cada afirmación jurídica relevante debe quedar vinculada a la ley, resolución o documento original que la respalda. Un enlace sugerido por el modelo no es una verificación.
3. Comprobar autoridad y vigencia. Hay que confirmar tribunal, fecha, número de procedimiento, sentido del fallo, posibles recursos y estado actual de la norma citada.
4. Revisar el razonamiento. Una sentencia real puede estar usada fuera de contexto. La persona responsable debe evaluar si la conclusión se desprende de la fuente y si encaja en la jurisdicción correcta.
5. Separar generación y aprobación. En asuntos de riesgo elevado conviene que quien valida no se limite a repetir la misma consulta, sino que realice una revisión independiente y documentada.
6. Registrar la decisión final. Debe quedar claro quién autorizó el escrito, qué comprobaciones realizó y qué versión se presentó. La trazabilidad es especialmente útil cuando intervienen varias personas o proveedores.

Este flujo no elimina todos los errores, pero evita el fallo más peligroso: confundir la velocidad de producción con la fiabilidad. También ayuda a evaluar herramientas jurídicas. Un producto útil para un despacho no debería medirse solo por la calidad del texto, sino por su capacidad para enlazar fuentes, mostrar versiones, limitar la retención de datos, registrar cambios y facilitar una aprobación humana real.

Qué significa para los proveedores de IA

Si las obligaciones de certificación se extienden, los desarrolladores tendrán incentivos para incorporar funciones de auditoría. Entre ellas están los enlaces estables a fuentes primarias, la identificación de pasajes no verificados, el historial de modificaciones, los controles de acceso, la exportación de evidencias y la separación entre contenido del cliente y datos utilizados para mejorar el modelo.

Una etiqueta que diga «revisado por IA» aporta poco. Lo valioso es que el sistema permita demostrar qué información consultó, cuál era su versión y qué cambió la persona responsable antes de aprobar el documento. La reciente controversia sobre las recomendaciones de compra generadas por IA recuerda que una respuesta aparentemente segura puede ocultar un dato incompleto o mal interpretado. En un escrito judicial, la consecuencia puede ser mucho más grave.

Una propuesta limitada con una señal amplia

La iniciativa del Décimo Circuito afecta a una jurisdicción concreta y aún puede modificarse. Su relevancia está en otro punto: intenta convertir la supervisión humana en una obligación comprobable vinculada a la firma del escrito. No exige confiar menos en la tecnología por principio; exige saber cuándo deja de ser una ayuda y empieza a sustituir una comprobación profesional.

Para abogados, asesorías y empresas españolas, la conclusión razonable no es copiar una regla extranjera, sino adelantarse a su lógica. La IA puede acelerar búsquedas y borradores, pero cada cita, hecho y conclusión que produzca efectos jurídicos debe poder defenderse sin recurrir a la frase «lo dijo el modelo».

Fuentes consultadas

• Propuesta de reglas del Tribunal de Apelación del Décimo Circuito, consulta: 19 de septiembre de 2026.
• Reuters: propuesta para certificar escritos preparados con IA, 18 de septiembre de 2026.
• Reuters: la judicatura federal prepara nuevas orientaciones sobre IA, 17 de septiembre de 2026.
• Consejo de la Abogacía Europea: guías sobre IA para abogados, consulta: 19 de septiembre de 2026.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico.