Por Redacción Pangea IA · 27 de octubre de 2026
Scale AI se enfrenta a cinco reclamaciones de protección de datos en Europa por el funcionamiento de Outlier, la plataforma con la que cientos de miles de profesionales ayudan a entrenar modelos de inteligencia artificial. Las organizaciones denunciantes sostienen que el servicio rastrea de forma desproporcionada la actividad de los trabajadores y les exige verificaciones biométricas repetidas. Las autoridades todavía no han resuelto los casos y, por tanto, no existe una infracción probada ni una sanción.
Qué se ha presentado y por qué es noticia
La organización europea de derechos digitales noyb anunció el 27 de octubre la presentación de cinco reclamaciones contra Scale AI: una en Francia, otra en Italia, otra en Países Bajos y dos en Austria. La iniciativa se ha desarrollado junto a Intérêt à Agir, el laboratorio DiPLab y el colectivo Reversing.Works.
Las reclamaciones se dirigen contra Outlier, una plataforma que organiza tareas como escribir instrucciones, evaluar respuestas o poner a prueba sistemas de IA. Según noyb y la información de Reuters, más de 900.000 colaboradores trabajan a través del servicio y entre sus clientes figuran grandes desarrolladores de modelos. Meta posee el 49 % de Scale AI.
Lo nuevo no es que la industria dependa de personas para etiquetar y revisar datos, sino que las quejas trasladan esa relación laboral al terreno regulatorio europeo. Los denunciantes piden a las autoridades que investiguen tanto la recopilación de información como la forma en que la plataforma asigna trabajo.
Qué vigilancia denuncian los trabajadores
La documentación no se limita a una acusación genérica. Reuters señala que las reclamaciones que pudo revisar describen hasta 19 rastreadores. La investigación técnica de DiPLab y Reversing.Works identificó 16 servicios de seguimiento en su análisis. La diferencia entre ambas cifras aconseja no tratarlas como un inventario único, pero las dos fuentes coinciden en un seguimiento amplio de la actividad.
- Actividad dentro de la plataforma. Los investigadores afirman que algunos servicios registran eventos como pulsaciones, movimientos del ratón, páginas visitadas, direcciones IP e identificadores. Reuters añade que determinados archivos permitirían reconstruir una sesión de trabajo como una reproducción.
- Verificación de identidad. Los trabajadores deben aportar documentos y vídeos de su rostro al proveedor Persona. Las quejas consideran que los controles son repetidos, poco explicados y desproporcionados.
- Derecho de acceso. Cuatro trabajadores solicitaron copias de sus datos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 y, según las reclamaciones, no recibieron respuesta.
- Incentivos y asignación de tareas. DiPLab describe mecanismos similares a los de un juego y bonificaciones concentradas en plazos muy cortos. Los investigadores cuestionan que la supuesta autonomía del profesional sea compatible con un sistema que decide cuándo hay trabajo disponible.
Lo que reconoce la política de Outlier
La política de privacidad de Outlier, revisada en marzo de 2026, confirma que Scale AI y proveedores como Persona verifican la identidad y las capacidades de los usuarios. El documento indica que puede recopilar imágenes, vídeo o audio, fotografías de documentos oficiales y mediciones del rostro que algunas jurisdicciones consideran datos biométricos o sensibles.
Outlier afirma que usa esos datos para reducir el fraude y proteger la integridad del servicio; asegura que no vende ni obtiene beneficio directo de los datos de verificación y fija una conservación de hasta dos años después de la última interacción, salvo obligación legal. También informa del uso de archivos de registro, cookies, píxeles y tecnologías similares.
Ese reconocimiento no decide el caso. La cuestión que tendrán que valorar los reguladores es si existe una base jurídica válida, si la recogida es necesaria y proporcionada, si la información ofrecida fue suficiente y si se atendieron correctamente los derechos de acceso. Scale AI no respondió de inmediato a la petición de comentarios de Reuters antes de la publicación de su noticia.
Por qué importa a empresas y autónomos españoles
El asunto va más allá de una plataforma estadounidense. Muchas empresas europeas compran conjuntos de datos, evaluaciones humanas o servicios de ajuste de modelos sin conocer toda la cadena de proveedores. Como ya mostró el caso de los datos laborales que Google quería utilizar de Spirit, el origen y las condiciones de obtención de la información pueden convertirse en un riesgo legal y reputacional.
Una pyme no hereda automáticamente la responsabilidad por contratar una herramienta de IA, pero sí debe saber qué papel ocupa cada parte, qué datos circulan y qué garantías contractuales existen. Estas son las comprobaciones mínimas que deja el caso:
- Mapear la cadena de tratamiento. Identificar al proveedor principal, subencargados, plataformas de anotación y servicios de identidad o analítica.
- Separar seguridad de vigilancia. Prevenir fraude puede ser legítimo, pero no convierte cualquier seguimiento en necesario. Conviene documentar la finalidad y evaluar alternativas menos intrusivas.
- Revisar datos biométricos y transferencias. Rostros, documentos e identificadores requieren controles reforzados, plazos de conservación claros y garantías cuando salen del Espacio Económico Europeo.
- Preparar derechos de acceso y borrado. Los contratos deben fijar quién responde, en qué plazo y cómo se localiza la información de una persona.
- Incluir el trabajo humano en la gobernanza de IA. Una política interna de uso de IA debería cubrir también la procedencia de los datos y las condiciones de quienes los producen.
Qué puede ocurrir ahora
Las autoridades de protección de datos de cuatro países deberán decidir si admiten las reclamaciones, si abren investigaciones y cómo coordinan sus competencias. Noyb solicita una investigación completa y multas suficientemente disuasorias, pero no hay calendario ni resultado anticipable. También podrían surgir conclusiones distintas en cada jurisdicción.
El caso ilustra una tensión que seguirá creciendo: los modelos parecen automatizados, pero dependen de una infraestructura humana distribuida. Si ese trabajo se controla con herramientas que una empresa no aceptaría para su plantilla convencional, la etiqueta de «colaborador independiente» no elimina las obligaciones de privacidad. Para clientes europeos, preguntar cómo se obtuvo un conjunto de datos ya no es una formalidad: forma parte de la diligencia debida.
Conclusión
Las reclamaciones contra Scale AI no prueban por sí solas una vulneración del RGPD, pero aportan hechos concretos que los reguladores pueden comprobar: rastreadores, verificaciones de identidad, plazos de conservación y solicitudes de acceso. La respuesta empresarial sensata no es esperar a una multa, sino revisar ahora la cadena de proveedores y reducir la recogida de datos al mínimo necesario.
Fuentes consultadas
- noyb: reclamaciones contra Scale AI y Outlier, 27 de octubre de 2026. Consulta: 27 de octubre de 2026.
- Reuters: cinco reclamaciones por vigilancia de trabajadores, 27 de octubre de 2026. Consulta: 27 de octubre de 2026.
- DiPLab y Reversing.Works: informe sobre vigilancia en plataformas de entrenamiento de IA, octubre de 2026. Consulta: 27 de octubre de 2026.
- Outlier: política de privacidad, revisión del 13 de marzo de 2026. Consulta: 27 de octubre de 2026.
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